Tras varios años de crecimiento constante, la cantidad de personas cumpliendo medidas alternativas a la prisión y penas en medio abierto en Europa se mantuvo estable entre enero de 2020 y enero de 2021, según la encuesta SPACE II 2021, que realiza cada año la Universidad de Lausana para el Consejo de Europa (Véanse también las Conclusiones principales). Esta estabilidad parece ser una consecuencia indirecta del efecto sobre la delincuencia y el funcionamiento del sistema de justicia penal de los confinamientos provocados por la pandemia de Covid-19.
El estudio se presentará
durante la 27ª conferencia de directores de servicios penitenciarios y de
gestión de sanciones y medidas alternativas a la privación de libertad, que
organizan en Sevilla el 21 y el 22 de junio el Consejo de Europa y la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Interior
de España.
El número total de
personas en medio abierto (es decir no encarceladas) descendió de 1.511.887 a
1.302.781 entre enero de 2020 y enero de 2021 en los 30 organismos de gestión
de medidas alternativas que proporcionaron datos para ambos años y que usan las
personas como unidad de cómputo en sus estadísticas (algunos organismos
cuentan, por ejemplo, las medidas/penas, y una persona puede ser objeto de dos
o más medidas/penas). Esto corresponde a una disminución del 14%. No obstante,
esto se debe mayoritariamente a un descenso drástico observado en Turquía
(Türkiye), donde el número total de personas en medio abierto pasó de 521.151
en 2020 a 333.365 en 2021. Excluyendo a Türkiye, la población europea total en
medio abierto disminuyó un 2,2%. En esto contexto, cabe señalar que 60% de la
población europea en medio abierto se encuentra en tres países: Rusia (470.736;
27%), Türkiye (333.365; 19%) y Polonia (243.901; 14%).
Los organismos de
gestión de medidas alternativas con las tasas más altas fueron Polonia (645
personas por cada 100.000 habitantes), Lituania (545) y Georgia (506). Los
organismos con las tasas más bajas corresponden a dos países que empezaron a
utilizar medidas y sanciones comunitarias en la última década: Macedonia del
Norte (8 por cada 100.000 habitantes) y Serbia (30).
De acuerdo con el
profesor Marcelo Aebi, director de las encuestas SPACE, durante el año 2020
algunos países liberaron presos, provisional o definitivamente, para limitar la
propagación de la Covid-19. “Es muy probable que la mayoría de estos penados
fueran sometidos a algún tipo de medida alternativa a la prisión; pero esto no
tuvo un impacto significativo en el tamaño global de la población sujeta a este
tipo de medidas. El descenso del número de personas que ingresaron en prisión
debido a la reducción de la delincuencia, excepto en el entorno digital, y a la
ralentización de la justicia penal por las restricciones ligadas a la Covid-19
parecen haber reducido significativamente el número de personas bajo
supervisión de los servicios de medidas alternativas, que había estado
creciendo en los años anteriores”.
Considerando los datos
para 2020 y 2021 proporcionados por 39 organismos de gestión de medidas
alternativas, independientemente de su unidad de cómputo (personas, casos u
órdenes), solo siete de ellos experimentaron un incremento significativo de las
tasas de población sujeta a este tipo de medidas: Macedonia del Norte (+39%),
Eslovenia (+12%), Ucrania (+10%), España (+6%), Finlandia (+6%), Suecia (+6%) e
Italia (+6%). Once de estos organismos experimentaron un descenso
significativo: Türkiye (-36%), Grecia (-20%), el Reino Unido (Irlanda del Norte)
(-17%), Irlanda (-16%), Azerbaiyán (-13%), Serbia (-13%), Georgia (-10%), el
Reino Unido (Inglaterra y Gales) (-9%), Suiza (-7%), la República de Moldavia
(-5%) y Austria (-5%).
En la mayoría de
países (34 de 41) las tasas de población sujetas a medidas que no implican la
privación de libertad eran mayores que las tasas de población en prisión.
Rusia, Georgia y Türkiye registraron tasas muy altas tanto de población privada
de libertad como de población sujeta a medidas alternativas, lo que podría indicar
que en estos países las sanciones y medidas comunitarias se emplean no tanto
como alternativas a la prisión, sino más bien como sanciones suplementarias.
De media el 11% de las
personas sujetas a medidas alternativas eran mujeres, mientras que estas solo
representaban el 5% de la población penitenciaria. Los extranjeros
representaban el 6% de las personas sujetas a sanciones y medidas alternativas,
una proporción menor que entre la población penitenciaria (17%).
