lunes, 7 de enero de 2008

El Consejo de Europa alerta del exceso de condenas carcelarias en España

El endurecimiento penal satura las cárceles aunque no sube la criminalidad.
El sistema penitenciario español vuelve a estar en situación crítica por la sobreocupación. Tras dos años de ralentización, en 2007 la población de las prisiones españolas se ha disparado de nuevo. Durante los once primeros meses del año este colectivo ha pasado de 63.905 a 67.340 personas. O lo que es lo mismo: cada día hay diez internos más en las cárceles españolas. Se trata de un ritmo de crecimiento sólo comparable en democracia a los años 2001, 2002 y 2003, cuando el sistema llegó al hacinamiento. Este ejercicio termina con casi el doble de internos en los centros que hace 15 años.
Según las últimas estadísticas de Instituciones Penitenciarias, España tiene ya una ratio de 130 internos por cada 100.000 habitantes, muy por encima de los 90 reclusos de media de los países de la Unión Europea. Y sin embargo, las cifras de criminalidad en España son ligeramente inferiores a la de esos mismos estados.
Esta desproporción ha provocado incluso una seria llamada de atención del Consejo de Europa, que el pasado mes alertó del «exceso» del recurso a la prisión en España, que se sitúa en cifras por encima de los países con códigos penales más duros como los balcánicos, escandinavos y Holanda. Además, España encabeza en el viejo continente la proporción de mujeres presas. Mientras que en Europa sólo el 4,7% de la población penitenciaria es mujer, en España este porcentaje crece hasta el 7,7.
¿Qué pasa en las cárceles españolas? ¿Por qué hay cada día más presos si no hay más delincuencia? «Lo que ocurre principalmente es que el sistema penitenciario está comenzando a pagar ahora el endurecimiento de la reforma del Código Penal de 2003 del último Gobierno del PP. Hay un alargamiento de condenas sobre todo entre internos que cumplen más de cinco años y que no logran el tercer grado porque no pueden hacer frente al pago de la responsabilidad civil, tal y como exige la reforma. No es que entren más personas, es que tardan mucho más en salir», explica la directora de prisiones, Mercedes Gallizo.
ESTANCIA MEDIA ELEVADA
El Consejo de Europa le da la razón: España es ya el país con la estancia media en prisión más elevada de entre los 48 estados presentes en este organismo internacional.
La «prueba» de que no hay ingresos masivos, según Gallizo, es que apenas ha crecido la proporción de presos preventivos, que ronda desde hace años el 25% del total. De los más de 67.000 presos de las cárceles españolas, 16.374 internos están a la espera de juicio.
Hay más causas. La directora asegura que también la anulación del sistema de redenciones en 1995 está detrás de esta sobreocupación (Gallizo nunca habla de hacinamiento). A esta situación ya complicada hay que sumar, según los analistas de Instituciones Penitenciaras, las nuevas tipologías delictivas que están llevando a miles de personas a las cárceles, tales como la violencia de género, la pederastia y la corrupción, principalmente. «Y todavía no se ha dejado sentir la reforma que encarcela a los conductores ebrios o temerarios», advierten los especialistas.
Pero sobre todo, sostiene Gallizo, detrás de las preocupantes cifras de crecimiento carcelario está «el retraso histórico en la implantación de programas de régimen abierto para los presos con delitos menores y con mayores posibilidades para la reinserción». Mientras que en España sólo el 17% de los internos cumple su condena en la calle, en muchos países europeos son más de la mitad de los reclusos.
El régimen abierto se ha convertido en la punta de lanza de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en esta legislatura. En cuatro años se ha triplicado el número de presos en este sistema, pasando de 500 a 1.500. (del 10,9% de la población al 17,6).
Gallizo se había planteado como uno de los objetivos de la legislatura abrir un debate público sobre el futuro del sistema penitenciario español, una quimera habida cuenta «de la crispación política existente».
Pero la directora tiene clara cuál es la solución: o seguir pagando por mantener a miles de personas entre rejas (sólo la construcción de una plaza en una nueva cárcel cuesta cerca de 80.000 euros a las arcas públicas, sin contar los sueldos de los funcionarios, policías y mantenimiento), o apostar por el régimen abierto para los presos con delitos menos graves. «Un sistema muchísimo más barato, sin apenas incidencias en los años que lo llevamos aplicando y que permite al preso trabajar para la comunidad o pagar la responsabilidad civil a sus víctimas», apostilla.
Noticia publicada en derechopenitenciario.com