martes, 6 de agosto de 2019

Premio Nacional Victoria Kent 2019

Extracto de la Resolución de 26 de julio de 2019, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se convoca el Premio Nacional Victoria Kent 2019 para el fomento de la investigación multidisciplinar en materia penitenciaria (BOE núm. 186, de 5 de agosto de 2019)



miércoles, 12 de junio de 2019

Estadísticas Penales Anuales del Consejo de Europa


Las Estadísticas Penales Anuales del Consejo de Europa, más conocidas como ESPACIO (Statistiques Pénales Annuelles du Conseil de l’Europe), incluyen dos proyectos relacionados: 
  • SPACE I: proporciona datos sobre el encarcelamiento y las instituciones penales en los Estados miembros del Consejo de Europa.
  • SPACE II: proporciona información sobre sanciones y medidas no privativas de la libertad.


Los datos se recopilan mediante dos cuestionarios enviados cada año a las administraciones penitenciarias y a las autoridades de libertad condicional (u organismos equivalentes de los Ministerios de Justicia).


La recopilación de datos y la validación, que implican una comprobación de cifras en varios niveles, se llevan a cabo en la Universidad de Lausana.


Actualmente, el personal científico que trabaja en proyectos SPACE está compuesto por:
  •     Marcelo F. Aebi, PhD Criminología, Profesor
  •     Melanie M. Tiago, BA y MLaw Criminología
  •     Yuji Z. Hashimoto, Criminología de MLaw
  •     Christine Burkhardt, BA Law, MLaw Criminology



Últimos informes publicados:


martes, 11 de junio de 2019

Universidad de Valladolid: criminología


14/05/2019 a 20/06/2019
Itinerario especializado 4º curso del grado en criminología “sistema penitenciario y ejecución penal”



lunes, 3 de junio de 2019

UVA: Sistema Penitenciario y ejecución penal

La Universidad de Valladolid inicia un nuevo itinerario sobre “Sistema Penitenciario y ejecución penal“ de 4º curso del Grado en Criminología que se va a impartir desde el curso 2019-2020.
Está pensado para los alumnos que habiendo cursado los tres primeros años del grado en criminología quieran realizar el último especializado en materia penitenciaria. No es, por tanto, ningún Curso de Adaptación, ni Curso Puente, sino un último año del Grado pero de manera específica, conducente a obtener el título de Graduado en Criminología.

Más información en http://www.der.uva.es/files/requisitos5.pdf

http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertaformativagrados/2.01.02.01.alfabetica/Grado-en-Criminologia/

lunes, 1 de abril de 2019

Visita a España del CPT en 2016

Informe para el Gobierno español sobre la visita llevada a cabo en España por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) del 27 de septiembre al 10 de octubre de 2016.


Respuesta del Gobierno español al informe


La situación de las prisiones y los centros de menores en España: Analizando las observaciones del CPT

Instituto andaluz interuniversitario de Criminología (Sección Málaga)
Boletín Criminológico 2019

Autoras: Eva Aizpurúa, Mary Rogan (Trinity College Dublin) 

Resumen: El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) se encarga de evaluar el trato que reciben las personas privadas de libertad en los 47 Estados miembros del Consejo de Europa. Para ello, visita lugares de detención, emite informes donde plasma sus conclusiones y solicita respuestas detalladas de los Estados. En este trabajo se realiza un análisis de contenido del informe elaborado por este organismo como resultado de su visita a España (2016) y de la respuesta emitida por las autoridades españolas. En concreto, se describen y agrupan temáticamente las carencias identificadas en los centros penitenciarios de adultos y en los centros de menores y se evalúa el grado de aceptación de las recomendaciones. Finalmente, se discuten los resultados y sus implicaciones. Palabras clave: lugares de detención, mecanismos de control, organismos internacionales, derechos humanos.

jueves, 7 de marzo de 2019

Aragón: Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria


BOE núm. 57, de 7 de marzo de 2019:

Resolución de 12 de febrero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, el Gobierno de Aragón y el Consejo de Colegios de Abogados de Aragón, relativo a la orientación jurídica penitenciaria a las personas que se encuentren internadas en los centros penitenciarios de la Comunidad Autónoma de Aragón 


viernes, 8 de febrero de 2019

Foro para la mediación

Por Orden del Ministerio de Justicia 57/2019, de 22 de enero se ha creado el Foro para la mediación, con la finalidad de institucionalizar la colaboración y de fortalecer el diálogo permanente entre el Ministerio de Justicia y la sociedad civil en materias relacionadas con la mediación.

Sus funciones son:

a) Asesorar al Ministerio de Justicia en el diseño, desarrollo e implantación de mecanismos de mediación en el marco normativo español. 
b) Contribuir a la evaluación y seguimiento en la aplicación de la normativa de mediación. 
c) Efectuar propuestas en materia mediación, a iniciativa propia o a petición de los Departamentos ministeriales que así lo soliciten a la Presidencia del Foro. 
d) Proponer medidas de educación que tengan como objetivo informar, orientar y sensibilizar a la sociedad sobre los valores de la mediación como método idóneo para la resolución de conflictos entre los ciudadanos. 
e) Proponer medidas formativas, que redunden en la calidad de los servicios de mediación. 
f) Impulsar la coordinación entre la iniciativa pública y privada en materia de mediación.  
g) Aprobar, en su caso, su Reglamento interno de funcionamiento. 
h) Potenciar el intercambio y la difusión de buenas prácticas de mediación.

jueves, 24 de enero de 2019

La condición de extranjero en el sistema penitenciario español


Revista de Estudios Penitenciarios

Se ha publicado el núm. 261 de la Revista de Estudios Penitenciarios.

Sumario:

- El crimen de la calle Fuencarral y la reforma penitenciaria, por Abel Téllez Aguilera.

- Reincidencia de los agresores de pareja en Penas y Medidas Alternativas, por Meritxell Pérez Ramírez, Andrea Giménez-Salinas Framis y Manuel de Juan Espinosa.

- El sistema de individualización científica: Estructura básica y principios, por Puerto Solar Calvo y Pedro Lacal Cuenca.


- Los derechos y garantías del artículo 24 de la Constitución Española y su aplicación en el procedimiento disciplinario penitenciario, por Ángel Colmenar Launes.

Enlaces a últimos números de la Revista de Estudios Penitenciarios:

viernes, 21 de diciembre de 2018

Diccionario internacional de justicia juvenil


Este libro define los términos más importantes de la justicia juvenil ordenados de forma alfabética. Su autor batalla una reforma de la Ley del Menor y la necesidad de limitar la privación de libertad a los menores infractores al menor número de casos y por el menor tiempo.
 Libros 
LA LEY

martes, 13 de noviembre de 2018

Validez laboral del título antiguo de Criminología en prisiones y en la policía.Nivel educativo y diferencias

Instituto andaluz interuniversitario de Criminología (Sección Málaga)

Boletín Criminológico núm. 178

Validez laboral del título antiguo de Criminología en prisiones y en la policía.Nivel educativo y diferencias

Acceso al documento

miércoles, 7 de noviembre de 2018

Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Asunto: Otegi Mondragón y otros c. España


ANTECEDENTES:
Los demandantes, los Sres. Arnaldo Otegi Mondragón, Jacinto García, Díez Usabiaga, Zabaleta Tellería y Rodríguez Torres son nacionales españoles nacidos en 1958, 1977, 1956, 1981, y 1979, respectivamente.
El caso atañe a su queja respecto del prejuicio del que habrían sido objeto por parte de los jueces que los condenaron por pertenencia a la organización ETA.
En marzo de 2010, el primer demandante fue condenado por enaltecimiento del terrorismo por un tribunal formado por tres jueces. Recurrió la sentencia alegando que la Jueza, Presidenta del Tribunal, no era imparcial. Le había preguntado durante el proceso si condenaba la violencia de ETA, organización armada separatista vasca, y él se negó a contestar. Entonces ella manifestó que “ya sabía [yo] que no me iba a responder a esta pregunta”.
El Tribunal Supremo anuló la sentencia por falta de imparcialidad de la jueza presidenta del Tribunal. Fue absuelto con posterioridad por otra Sección de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Los cinco demandantes fueron objeto de distintos procedimientos penales que se iniciaron en el 2009, acusados de delitos relacionados con ETA. El caso fue turnado a la primera formación de la misma Sección de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que había condenado anteriormente al Sr. Otegi Mondragón. Este recusó a la Sección poniendo en duda su imparcialidad, pero la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional desestimó la recusación. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional los condenó en 2011. Recurrieron en casación, alegando en particular, dos de los demandantes, que la Sección no era imparcial.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a los demandantes a penas de prisión de distinta extensión en septiembre del 2011. El primer y quinto demandantes recurrieron en casación ante el Tribunal Supremo alegando en particular que la Sección formada por los tres jueces no había sido imparcial.
En mayo de 2012, el Tribunal Supremo estimó parcialmente su recurso mediante decisión reduciendo sus condenas, desestimando, sin embargo, su alegación de parcialidad al considerar que la falta de imparcialidad de la Presidenta en el procedimiento de 2010 con respecto al Sr. Otegi Mondragón no suponía que ella o los demás jueces tuvieran prejuicios en el caso de los cinco demandantes.
Los demandantes recurrieron en amparo ante el Tribunal Constitucional, cuatro de ellos alegaban prejuicio.
Mediante sentencia adoptada por 7 votos a 5, el Tribunal Constitucional desestimó las pretensiones de los demandantes. Mantenía, en particular, que las dudas sobre la imparcialidad de la Jueza que presidió el Tribunal en el primer caso, e integraba la formación judicial en el segundo caso, no estaban ni subjetiva ni objetivamente justificadas. Las anteriores dudas sobre su imparcialidad fueron planteadas en relación con distintas acusaciones –enaltecimiento del terrorismo- mientras que los procedimientos contra los cinco demandantes se habían llevado a cabo alegándose distintos delitos.
Invocando el artículo 6 § 1 (derecho a la tutela judicial efectiva), los demandantes se quejaban de que la Sección que los condenó adoleció de imparcialidad.
La demanda ante el TEDH fue interpuesta el 14 de enero de 2015
VALORACIÓN DEL TEDH:
El TEDH ha establecido un aspecto objetivo y otro subjetivo para evaluar la falta de imparcialidad de un tribunal o un juez. El criterio subjetivo se centra en la convicción o comportamiento personal del juez, mientras que el objetivo se centra en si existen hechos verificables que pudieran plantear dudas sobre la imparcialidad. Estos hechos incluyen los vínculos entre un juez y las personas afectadas en el procedimiento.
En el caso de los cinco demandantes, el TEDH no percibió ningún signo de prejuicio subjetivo y por tanto examinó si existían razones objetivas para sus dudas sobre la imparcialidad.
Apuntó que la conclusión de prejuicio respecto de la Jueza presidenta en el caso contra el primer demandante, había contaminado a toda la Sección y dio lugar a que una distinta formación de jueces le absolviera. Dichas circunstancias plantearon una sospecha legítima en cuanto a la imparcialidad de la primera formación. Sin embargo, los mismos tres jueces integrantes de dicha formación enjuiciaron el caso contra los cinco demandantes.
Seguidamente el TEDH apuntó que a pesar de que las dos formaciones judiciales trataban distintas acusaciones, existía un vínculo común entre ambas que era que las dos estaban tratando asuntos relacionados con ETA. Las observaciones de la Jueza presidenta, aunque no existieran evidencias de ningún prejuicio subjetivo por su parte, en el juicio contra el Sr. Otegi Mondragón podrían, desde el punto de vista objetivo externo, plantear dudas legitimas en las mentes de todos los demandantes.
Al tratar de la influencia que aquella pudiera tener sobre los otros dos jueces en el segundo caso, El TEDH sostiene que el mismo razonamiento que dio lugar a que el juicio del primer demandante se celebrara nuevamente, debe ser aplicado a su caso y de los otros cuatro demandantes.
FALLO DEL TEDH:
En suma, el temor de los demandantes en cuanto a la falta de imparcialidad ha sido objetivamente justificado, por lo que el TEDH declara que se ha producido violación del artículo 6 § 1 del Convenio.
Por seis votos a uno concluye que la declaración de violación constituye por sí misma satisfacción equitativa suficiente con respecto a cualquier daño no económico alegado por el tercer demandante.
Rechaza en lo demás por seis votos a uno la reclamación de satisfacción equitativa del tercer demandante.
Se expresa por parte del juez Keller un voto parcialmente discordante referido a la pertinencia de acordar una satisfacción equitativa adicional.


Ver sentencia

Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Asunto: Arrózpide Sarasola y otros c. España

  • ANTECEDENTES
    Los demandantes, los Sres. Santiago Arrózpide Sarasola, Alberto Plazaola Anduaga y Francisco Múgica Garmendia son tres nacionales españoles nacidos en 1948, 1956 y 1953, respectivamente.
    El caso atañe a la cuestión de las condenas ya cumplidas en Francia por miembros de la organización terrorista ETA, al objeto del cómputo del tiempo máximo de cumplimiento de condena en España.
    El Sr. Arrózpide Sarasola fue arrestado y puesto en detención en Francia por pertenencia a la organización terrorista ETA. Fue condenado a una pena de diez años de prisión por hechos cometidos en Francia en 1987. El 21 de diciembre del 2000, fue entregado a las autoridades judiciales españolas en cumplimiento de una petición de extradición. Fue condenado en España a más de tres mil años de prisión al término de once distintos procedimientos penales por varios atentados y asesinatos cometidos en España entre 1980 y 1987, especialmente por el atentado con coche bomba en el centro comercial Hipercor de Barcelona del 19 de junio de 1987. La Audiencia Nacional fijó en 30 años el tiempo máximo de prisión que el Sr. Arrózpide Sarasola debería cumplir por el conjunto de las penas de privación de libertad que se le impusieron en España. A raíz de la sentencia dictada por el TEDH en el asunto Del Rio Prada, el demandante solicitó y obtuvo una nueva liquidación de condena. Las redenciones de pena a las que el interesado tenía derecho se le computaron sobre la duración máxima de treinta años de prisión. El demandante solicitó después que el tiempo de la condena impuesta por las autoridades francesas, y cumplida en Francia, fuera acumulado al tiempo máximo de treinta años fijado en España. El 2 de diciembre de 2014, la Audiencia Nacional admitió la solicitud. La Fiscalía interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, en interés de ley, contra esta decisión. El 10 de marzo de 2015, el Tribunal Supremo estimó el recurso, al considerar en una sentencia pronunciada el 24 de marzo de 2015, que no procedía tomar en consideración la duración de la pena cumplida en Francia en la liquidación de condena, refiriéndose al razonamiento resultante de su sentencia de principio (Pleno de su Sala penal) nº 874/2014 de 27 de enero de 2015. El demandante interpuso entonces un recurso de nulidad de actuaciones y solicitó que el recurso fuera tramitado con carácter urgente con el fin de interponer un recurso de amparo ante el Tribunal constitucional en un plazo de treinta días. A continuación retiró el recurso de nulidad aduciendo que el Tribunal Supremo ya había tenido la ocasión de responder a sus alegaciones por violación de sus derechos fundamentales. El 26 de mayo de 2015, el demandante recurrió en amparo ante el Tribunal Constitucional, inadmitiendo este el recurso por no agotamiento de las vías judiciales existentes.
    El segundo y el tercer demandantes fueron asimismo detenidos y condenados en Francia por hechos de terrorismo vinculados a ETA. Cumplieron condenas en Francia por hechos de terrorismo y fueron después extraditados a España donde fueron condenados por un atentado cometido en España en 1987 (el segundo demandante) y varios atentados y asesinatos cometidos en España entre 1987 y 1993 (el tercer demandante). Solicitaron que el tiempo máximo de la pena impuesta y cumplida en Francia fuera incluido en el cómputo del límite máximo de 30 años fijado por la Ley. La Audiencia Nacional estimó en un primer término su solicitud, la Fiscalía interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, quien estimó el recurso, siguiendo el mismo razonamiento de la sentencia dictada respecto del Sr. Arrózpide Sarasola. El segundo demandante interpuso un recurso de nulidad de actuaciones ante el Tribunal Supremo, solicitando después su retirada aduciendo que el Tribunal Supremo, en el origen de la sentencia de casación, ya había respondido a sus alegaciones por violación de sus derechos fundamentales. Por los mismos motivos que para el primer demandante, el Tribunal Constitucional inadmitió los recursos de amparo de ambos demandantes.
    Invocando el artículo 6 § 1 (derecho a la tutela judicial efectiva), los demandantes se quejaban de que las resoluciones del Tribunal Constitucional inadmitiendo sus recursos de amparo les habían privado de su derecho a la tutela judicial efectiva. Invocando el artículo 7 (no hay pena sin ley), denunciaban la aplicación, a su parecer retroactiva, de una nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo y de una nueva ley que había entrado en vigor con posterioridad a su condena, que habría prolongado la duración efectiva de las penas que se les impuso. Invocando el artículo 5 § 1 (derecho a la libertad y a la seguridad), se quejaban de que su detención hubiera sido prolongada en su perjuicio en doce, siete y diez años, respectivamente, por una aplicación retroactiva de la ley.
    VALORACIÓN DEL TEDH
    El TEDH observa en primer lugar que las decisiones del Tribunal Constitucional de inadmitir los recursos de amparo interpuestos por los demandantes contra las sentencias del Tribunal Supremo estaban fundadas en el no agotamiento de los recursos judiciales ordinarios. Sin embargo, el hecho de que los recursos de amparo hayan sido inadmitidos por no agotamiento de los recursos cuando el Tribunal Supremo había inadmitido anteriormente los incidentes de nulidad de actuaciones por improcedentes y que además había notificado sus decisiones sobrepasando el plazo de treinta días concedido para la interposición del recurso debe ser considerado como una falta de seguridad jurídica.
    El TEDH constata sin embargo que las decisiones litigiosas del Tribunal Supremo no han modificado el tiempo máximo de cumplimiento de la pena que siempre se ha fijado en treinta años de prisión. Las divergencias entre las distintas jurisdicciones concernidas sobre la posibilidad de acumular las condenas sólo duraron diez meses aproximadamente hasta que el Tribunal Supremo acordó su sentencia de principio denegatoria. Las soluciones adoptadas en las causas de los demandantes no hicieron más que seguir la sentencia del Pleno del Tribunal Supremo. Por lo tanto no se ha producido violación del artículo 7. Por último, dado que las decisiones litigiosas no han llevado a una modificación de las penas impuestas, los periodos de prisión discutidos no pueden ser calificados de no previsibles o no autorizados por la ley con arreglo al artículo 5 § 1 del Convenio.
    FALLO DEL TEDH
    En consecuencia el TEDH falla que:
    Se ha producido violación del artículo 6 § 1 (derecho a la tutela judicial efectiva) del Convenio Europeo de Derechos Humanos
    No se ha producido violación del artículo 7 (no hay pena sin ley) del Convenio
    No se ha producido violación del artículo 5 § 1 (derecho a la libertad y a la seguridad)
    El TEDH otorga 2.000 € al representante del primer demandante en concepto de gastos y costas y 1.000 € a cado uno de los representantes del segundo y tercer demandante en concepto de gastos y costas.

lunes, 17 de septiembre de 2018

Prevención de la radicalización juvenil: manual para profesionales




Este manual ha sido diseñado para profesionales del sistema de justicia que trabajan con menores y jóvenes en conflicto con la ley, pretende ayudarles a familiarizarse con las tendencias actuales en Europa con respecto a la radicalización juvenil.

No obstante, el manual también puede ser un recurso útil para los miembros de la sociedad civil interesados en los temas abordados. Puede servir como una referencia común para promover la comprensión y la confianza mutuas, así como para facilitar el diálogo entre los funcionarios judiciales y los miembros de la sociedad sobre las amenazas vinculadas a la radicalización, los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como el papel potencial de las comunidades en el proceso de prevención de la radicalización.


Su contenido, particularmente los ejemplos europeos destacados, también pueden ser utilizados en los tradicionales cursos de formación destinados a mejorar las estrategias de prevención contra la radicalización de jóvenes.






martes, 11 de septiembre de 2018

Reseña bibliográfica: “Acerca de las «excarcelaciones» administrativas judicialmente incontroladas o incontrolables en el cumplimiento de la pena de prisión”

“Acerca de las «excarcelaciones» administrativas judicialmente incontroladas o incontrolables en el cumplimiento de la pena de prisión”
Por Eugenio Arribas López
Publicado en Diario La Ley, Nº 9253, 6 de septiembre de 2018

LA LEY 6277/2018
Resumen:
En el ámbito de los permisos de salida, tercer grado-régimen abierto y suspensión de la condena y puesta en libertad condicional de personas que están cumpliendo una pena privativa de libertad, este comentario está dedicado a poner de manifiesto algunos casos en los que se pueden producir interrupciones del internamiento por decisiones administrativas, sin que en ellas hayan intervenido o puedan intervenir autoridades judiciales. Dicho de otra forma, nos encontraríamos ante excarcelaciones judicialmente incontroladas y, en determinados supuestos, también incontrolables.

miércoles, 8 de agosto de 2018

Comité contra la Tortura (CAT)

Compilación de observaciones finales del Comité contra la Tortura sobre países de América Latina y el Caribe (1988-2005)