martes, 13 de noviembre de 2018

Validez laboral del título antiguo de Criminología en prisiones y en la policía.Nivel educativo y diferencias

Instituto andaluz interuniversitario de Criminología (Sección Málaga)

Boletín Criminológico núm. 178

Validez laboral del título antiguo de Criminología en prisiones y en la policía.Nivel educativo y diferencias

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miércoles, 7 de noviembre de 2018

Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Asunto: Otegi Mondragón y otros c. España


ANTECEDENTES:
Los demandantes, los Sres. Arnaldo Otegi Mondragón, Jacinto García, Díez Usabiaga, Zabaleta Tellería y Rodríguez Torres son nacionales españoles nacidos en 1958, 1977, 1956, 1981, y 1979, respectivamente.
El caso atañe a su queja respecto del prejuicio del que habrían sido objeto por parte de los jueces que los condenaron por pertenencia a la organización ETA.
En marzo de 2010, el primer demandante fue condenado por enaltecimiento del terrorismo por un tribunal formado por tres jueces. Recurrió la sentencia alegando que la Jueza, Presidenta del Tribunal, no era imparcial. Le había preguntado durante el proceso si condenaba la violencia de ETA, organización armada separatista vasca, y él se negó a contestar. Entonces ella manifestó que “ya sabía [yo] que no me iba a responder a esta pregunta”.
El Tribunal Supremo anuló la sentencia por falta de imparcialidad de la jueza presidenta del Tribunal. Fue absuelto con posterioridad por otra Sección de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Los cinco demandantes fueron objeto de distintos procedimientos penales que se iniciaron en el 2009, acusados de delitos relacionados con ETA. El caso fue turnado a la primera formación de la misma Sección de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que había condenado anteriormente al Sr. Otegi Mondragón. Este recusó a la Sección poniendo en duda su imparcialidad, pero la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional desestimó la recusación. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional los condenó en 2011. Recurrieron en casación, alegando en particular, dos de los demandantes, que la Sección no era imparcial.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a los demandantes a penas de prisión de distinta extensión en septiembre del 2011. El primer y quinto demandantes recurrieron en casación ante el Tribunal Supremo alegando en particular que la Sección formada por los tres jueces no había sido imparcial.
En mayo de 2012, el Tribunal Supremo estimó parcialmente su recurso mediante decisión reduciendo sus condenas, desestimando, sin embargo, su alegación de parcialidad al considerar que la falta de imparcialidad de la Presidenta en el procedimiento de 2010 con respecto al Sr. Otegi Mondragón no suponía que ella o los demás jueces tuvieran prejuicios en el caso de los cinco demandantes.
Los demandantes recurrieron en amparo ante el Tribunal Constitucional, cuatro de ellos alegaban prejuicio.
Mediante sentencia adoptada por 7 votos a 5, el Tribunal Constitucional desestimó las pretensiones de los demandantes. Mantenía, en particular, que las dudas sobre la imparcialidad de la Jueza que presidió el Tribunal en el primer caso, e integraba la formación judicial en el segundo caso, no estaban ni subjetiva ni objetivamente justificadas. Las anteriores dudas sobre su imparcialidad fueron planteadas en relación con distintas acusaciones –enaltecimiento del terrorismo- mientras que los procedimientos contra los cinco demandantes se habían llevado a cabo alegándose distintos delitos.
Invocando el artículo 6 § 1 (derecho a la tutela judicial efectiva), los demandantes se quejaban de que la Sección que los condenó adoleció de imparcialidad.
La demanda ante el TEDH fue interpuesta el 14 de enero de 2015
VALORACIÓN DEL TEDH:
El TEDH ha establecido un aspecto objetivo y otro subjetivo para evaluar la falta de imparcialidad de un tribunal o un juez. El criterio subjetivo se centra en la convicción o comportamiento personal del juez, mientras que el objetivo se centra en si existen hechos verificables que pudieran plantear dudas sobre la imparcialidad. Estos hechos incluyen los vínculos entre un juez y las personas afectadas en el procedimiento.
En el caso de los cinco demandantes, el TEDH no percibió ningún signo de prejuicio subjetivo y por tanto examinó si existían razones objetivas para sus dudas sobre la imparcialidad.
Apuntó que la conclusión de prejuicio respecto de la Jueza presidenta en el caso contra el primer demandante, había contaminado a toda la Sección y dio lugar a que una distinta formación de jueces le absolviera. Dichas circunstancias plantearon una sospecha legítima en cuanto a la imparcialidad de la primera formación. Sin embargo, los mismos tres jueces integrantes de dicha formación enjuiciaron el caso contra los cinco demandantes.
Seguidamente el TEDH apuntó que a pesar de que las dos formaciones judiciales trataban distintas acusaciones, existía un vínculo común entre ambas que era que las dos estaban tratando asuntos relacionados con ETA. Las observaciones de la Jueza presidenta, aunque no existieran evidencias de ningún prejuicio subjetivo por su parte, en el juicio contra el Sr. Otegi Mondragón podrían, desde el punto de vista objetivo externo, plantear dudas legitimas en las mentes de todos los demandantes.
Al tratar de la influencia que aquella pudiera tener sobre los otros dos jueces en el segundo caso, El TEDH sostiene que el mismo razonamiento que dio lugar a que el juicio del primer demandante se celebrara nuevamente, debe ser aplicado a su caso y de los otros cuatro demandantes.
FALLO DEL TEDH:
En suma, el temor de los demandantes en cuanto a la falta de imparcialidad ha sido objetivamente justificado, por lo que el TEDH declara que se ha producido violación del artículo 6 § 1 del Convenio.
Por seis votos a uno concluye que la declaración de violación constituye por sí misma satisfacción equitativa suficiente con respecto a cualquier daño no económico alegado por el tercer demandante.
Rechaza en lo demás por seis votos a uno la reclamación de satisfacción equitativa del tercer demandante.
Se expresa por parte del juez Keller un voto parcialmente discordante referido a la pertinencia de acordar una satisfacción equitativa adicional.


Ver sentencia

Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Asunto: Arrózpide Sarasola y otros c. España

  • ANTECEDENTES
    Los demandantes, los Sres. Santiago Arrózpide Sarasola, Alberto Plazaola Anduaga y Francisco Múgica Garmendia son tres nacionales españoles nacidos en 1948, 1956 y 1953, respectivamente.
    El caso atañe a la cuestión de las condenas ya cumplidas en Francia por miembros de la organización terrorista ETA, al objeto del cómputo del tiempo máximo de cumplimiento de condena en España.
    El Sr. Arrózpide Sarasola fue arrestado y puesto en detención en Francia por pertenencia a la organización terrorista ETA. Fue condenado a una pena de diez años de prisión por hechos cometidos en Francia en 1987. El 21 de diciembre del 2000, fue entregado a las autoridades judiciales españolas en cumplimiento de una petición de extradición. Fue condenado en España a más de tres mil años de prisión al término de once distintos procedimientos penales por varios atentados y asesinatos cometidos en España entre 1980 y 1987, especialmente por el atentado con coche bomba en el centro comercial Hipercor de Barcelona del 19 de junio de 1987. La Audiencia Nacional fijó en 30 años el tiempo máximo de prisión que el Sr. Arrózpide Sarasola debería cumplir por el conjunto de las penas de privación de libertad que se le impusieron en España. A raíz de la sentencia dictada por el TEDH en el asunto Del Rio Prada, el demandante solicitó y obtuvo una nueva liquidación de condena. Las redenciones de pena a las que el interesado tenía derecho se le computaron sobre la duración máxima de treinta años de prisión. El demandante solicitó después que el tiempo de la condena impuesta por las autoridades francesas, y cumplida en Francia, fuera acumulado al tiempo máximo de treinta años fijado en España. El 2 de diciembre de 2014, la Audiencia Nacional admitió la solicitud. La Fiscalía interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, en interés de ley, contra esta decisión. El 10 de marzo de 2015, el Tribunal Supremo estimó el recurso, al considerar en una sentencia pronunciada el 24 de marzo de 2015, que no procedía tomar en consideración la duración de la pena cumplida en Francia en la liquidación de condena, refiriéndose al razonamiento resultante de su sentencia de principio (Pleno de su Sala penal) nº 874/2014 de 27 de enero de 2015. El demandante interpuso entonces un recurso de nulidad de actuaciones y solicitó que el recurso fuera tramitado con carácter urgente con el fin de interponer un recurso de amparo ante el Tribunal constitucional en un plazo de treinta días. A continuación retiró el recurso de nulidad aduciendo que el Tribunal Supremo ya había tenido la ocasión de responder a sus alegaciones por violación de sus derechos fundamentales. El 26 de mayo de 2015, el demandante recurrió en amparo ante el Tribunal Constitucional, inadmitiendo este el recurso por no agotamiento de las vías judiciales existentes.
    El segundo y el tercer demandantes fueron asimismo detenidos y condenados en Francia por hechos de terrorismo vinculados a ETA. Cumplieron condenas en Francia por hechos de terrorismo y fueron después extraditados a España donde fueron condenados por un atentado cometido en España en 1987 (el segundo demandante) y varios atentados y asesinatos cometidos en España entre 1987 y 1993 (el tercer demandante). Solicitaron que el tiempo máximo de la pena impuesta y cumplida en Francia fuera incluido en el cómputo del límite máximo de 30 años fijado por la Ley. La Audiencia Nacional estimó en un primer término su solicitud, la Fiscalía interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, quien estimó el recurso, siguiendo el mismo razonamiento de la sentencia dictada respecto del Sr. Arrózpide Sarasola. El segundo demandante interpuso un recurso de nulidad de actuaciones ante el Tribunal Supremo, solicitando después su retirada aduciendo que el Tribunal Supremo, en el origen de la sentencia de casación, ya había respondido a sus alegaciones por violación de sus derechos fundamentales. Por los mismos motivos que para el primer demandante, el Tribunal Constitucional inadmitió los recursos de amparo de ambos demandantes.
    Invocando el artículo 6 § 1 (derecho a la tutela judicial efectiva), los demandantes se quejaban de que las resoluciones del Tribunal Constitucional inadmitiendo sus recursos de amparo les habían privado de su derecho a la tutela judicial efectiva. Invocando el artículo 7 (no hay pena sin ley), denunciaban la aplicación, a su parecer retroactiva, de una nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo y de una nueva ley que había entrado en vigor con posterioridad a su condena, que habría prolongado la duración efectiva de las penas que se les impuso. Invocando el artículo 5 § 1 (derecho a la libertad y a la seguridad), se quejaban de que su detención hubiera sido prolongada en su perjuicio en doce, siete y diez años, respectivamente, por una aplicación retroactiva de la ley.
    VALORACIÓN DEL TEDH
    El TEDH observa en primer lugar que las decisiones del Tribunal Constitucional de inadmitir los recursos de amparo interpuestos por los demandantes contra las sentencias del Tribunal Supremo estaban fundadas en el no agotamiento de los recursos judiciales ordinarios. Sin embargo, el hecho de que los recursos de amparo hayan sido inadmitidos por no agotamiento de los recursos cuando el Tribunal Supremo había inadmitido anteriormente los incidentes de nulidad de actuaciones por improcedentes y que además había notificado sus decisiones sobrepasando el plazo de treinta días concedido para la interposición del recurso debe ser considerado como una falta de seguridad jurídica.
    El TEDH constata sin embargo que las decisiones litigiosas del Tribunal Supremo no han modificado el tiempo máximo de cumplimiento de la pena que siempre se ha fijado en treinta años de prisión. Las divergencias entre las distintas jurisdicciones concernidas sobre la posibilidad de acumular las condenas sólo duraron diez meses aproximadamente hasta que el Tribunal Supremo acordó su sentencia de principio denegatoria. Las soluciones adoptadas en las causas de los demandantes no hicieron más que seguir la sentencia del Pleno del Tribunal Supremo. Por lo tanto no se ha producido violación del artículo 7. Por último, dado que las decisiones litigiosas no han llevado a una modificación de las penas impuestas, los periodos de prisión discutidos no pueden ser calificados de no previsibles o no autorizados por la ley con arreglo al artículo 5 § 1 del Convenio.
    FALLO DEL TEDH
    En consecuencia el TEDH falla que:
    Se ha producido violación del artículo 6 § 1 (derecho a la tutela judicial efectiva) del Convenio Europeo de Derechos Humanos
    No se ha producido violación del artículo 7 (no hay pena sin ley) del Convenio
    No se ha producido violación del artículo 5 § 1 (derecho a la libertad y a la seguridad)
    El TEDH otorga 2.000 € al representante del primer demandante en concepto de gastos y costas y 1.000 € a cado uno de los representantes del segundo y tercer demandante en concepto de gastos y costas.

lunes, 17 de septiembre de 2018

Prevención de la radicalización juvenil: manual para profesionales




Este manual ha sido diseñado para profesionales del sistema de justicia que trabajan con menores y jóvenes en conflicto con la ley, pretende ayudarles a familiarizarse con las tendencias actuales en Europa con respecto a la radicalización juvenil.

No obstante, el manual también puede ser un recurso útil para los miembros de la sociedad civil interesados en los temas abordados. Puede servir como una referencia común para promover la comprensión y la confianza mutuas, así como para facilitar el diálogo entre los funcionarios judiciales y los miembros de la sociedad sobre las amenazas vinculadas a la radicalización, los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como el papel potencial de las comunidades en el proceso de prevención de la radicalización.


Su contenido, particularmente los ejemplos europeos destacados, también pueden ser utilizados en los tradicionales cursos de formación destinados a mejorar las estrategias de prevención contra la radicalización de jóvenes.






martes, 11 de septiembre de 2018

Reseña bibliográfica: “Acerca de las «excarcelaciones» administrativas judicialmente incontroladas o incontrolables en el cumplimiento de la pena de prisión”

“Acerca de las «excarcelaciones» administrativas judicialmente incontroladas o incontrolables en el cumplimiento de la pena de prisión”
Por Eugenio Arribas López
Publicado en Diario La Ley, Nº 9253, 6 de septiembre de 2018

LA LEY 6277/2018
Resumen:
En el ámbito de los permisos de salida, tercer grado-régimen abierto y suspensión de la condena y puesta en libertad condicional de personas que están cumpliendo una pena privativa de libertad, este comentario está dedicado a poner de manifiesto algunos casos en los que se pueden producir interrupciones del internamiento por decisiones administrativas, sin que en ellas hayan intervenido o puedan intervenir autoridades judiciales. Dicho de otra forma, nos encontraríamos ante excarcelaciones judicialmente incontroladas y, en determinados supuestos, también incontrolables.

miércoles, 8 de agosto de 2018

Comité contra la Tortura (CAT)

Compilación de observaciones finales del Comité contra la Tortura sobre países de América Latina y el Caribe (1988-2005)

jueves, 26 de julio de 2018

Reseña bibliográfica: Consecuencias penitenciarias del estatuto de la víctima


Título: “Consecuencias penitenciarias del estatuto de la víctima”

Autores: Puerto SOLAR CALVO y Pedro LACAL CUENCA

Publicado en Diario La Ley, Nº 9179, Sección Tribuna, 17 de abril de 2018

Resumen: El presente trabajo trata de explicar las consecuencias prácticas que en el ámbito penitenciario supone el camino escogido por el Legislador para la protección de las víctimas. Desde nuestro punto de vista, se deja de un lado la vía de la restauración y la reparación para transitar en dos direcciones. De un lado, se prolonga la vindicación penal a la fase de ejecución. De otro, la satisfacción de la víctima se vincula a la obtención de ciertos beneficios, lo que sin duda, desvirtúa el fin mismo de lo que esa satisfacción pretende. Las líneas que siguen son un resumen de la comunicación que sobre esta materia se presentó en el reciente II Congreso Penitenciario UDIMA «Seguridad versus Reinserción Social» celebrado los días 21 y 22 de febrero. Igualmente, las ideas que se exponen no hubieran sido posibles sin las cuestiones que el contacto con los internos del CP El Dueso nos aporta a diario.

Reseña bibliográfica: Fundamentos penitenciarios en contra de la constitucionalidad de la prisión permanente revisable


Título: “Fundamentos penitenciarios en contra de la constitucionalidad de la prisión permanente revisable”

Autora: Puerto Solar Calvo

Publicado en nº 9166, de 26 de marzo de 2018, de Diario La Ley.

Resumen: Las consecuencias de la prisión permanente en nuestro sistema de ejecución son numerosas e importantes. Pero más allá de su estudio individual, este trabajo pretende destacar que su conjunto incide en las bases mismas del sistema penitenciario. Se trata de un resumen de la comunicación que sobre esta materia se presentó en el reciente II Congreso Penitenciario UDIMA «Seguridad versus Reinserción Social» celebrado los días 21 y 22 de febrero.

Reseña bibliográfica: Prisión permanente revisable y reinserción social


Título: “Prisión permanente revisable y reinserción social”

Autor: Eugenio Arribas López

Publicado en Diario La Ley, Nº 9144, Sección Doctrina, 21 de febrero de 2018,

Resumen: En este trabajo, tratando de ir más allá de posturas meramente apriorísticas, emocionales o simplemente demagógicas, se intenta romper una lanza en favor de la pena de prisión permanente revisable y se hace precisamente en el terreno que sirve a sus contrarios para postular su desaparición del arsenal punitivo del Estado español: el de la reeducación y reinserción social, proclamada en el art. 25.2 de la Constitución española como orientación de las penas privativas de libertad y medidas de seguridad.

martes, 27 de febrero de 2018

Reseña bibliográfica: El concepto de «allegado» en el derecho penitenciario

Título: El concepto de «allegado» en el derecho penitenciario

Autor: Javier Nistal Burón

Publicado en: Diario La Ley, núm. 9148, de 27 de febrero de 2018


Resumen: El término «allegado» utilizado por la ley y el reglamento penitenciario requiere de una relación de íntima proximidad, cercanía e inmediatez en la convivencia que lo asemeja al vínculo parental. Así, se distinguen los meros amigos de los «allegados» exigiéndose a estos últimos un mayor grado de vinculación con el interno, debiendo expresar las circunstancias que determinan esa vinculación superior a la mera amistad para su valoración por la Administración penitenciaria, a la hora de decidir. Dentro del concepto de «allegado» habrán de incluirse aquellas personas no unidas al interno por parentesco, pero que son próximas al mismo en virtud de relaciones sentimentales, de amistad, ideológicas, laborales, de vecindad, u otras similares.

viernes, 23 de febrero de 2018

Reseña bibliográfica: La reeducación post cumplimiento de pena de prisión anudada a la medida de libertad vigilada en los delitos contra la libertad sexual

Autor: Vicente MAGRO SERVET

Título: “La reeducación post cumplimiento de pena de prisión anudada a la medida de libertad vigilada en los delitos contra la libertad sexual”

Publicado en Diario La Ley, núm. 9146, de 23 de febrero de 2018.


Resumen: Valoración sobre la eficacia de la medida de libertad vigilada del art. 192.1 CP en relación con el art. 106.1 j) CP con respecto a la obligación de que en los delitos contra la libertad sexual se imponga al penado, además de la pena de prisión, la de libertad vigilada y que una vez cumplida la pena se le someta al cumplimiento y seguimiento de un programa formativo y de reeducación sexual ante el elevado índice de delitos contra la libertad sexual.