viernes, 18 de octubre de 2019

Revista de Estudios Penitenciarios Nº Extra-2019

40 AÑOS DE LEY ORGÁNICA GENERAL PENITENCIARIA



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Jurisprudencia Tribunal Supremo: Indemnización por haber sufrido prisión preventiva

El Tribunal Supremo establece que toda absolución da lugar a una indemnización al perjudicado que haya sufrido prisión preventiva

La Sala Tercera aplica por primera la doctrina del Constitucional sobre el asunto

La Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, ha establecido que la prisión preventiva indebida da derecho a indemnización al perjudicado “en todos los supuestos de absolución por cualquier causa o de sobreseimiento libre”. Es la primera sentencia dictada por el Supremo en aplicación de la doctrina del Tribunal Constitucional, del pasado mes de junio, que declaró inconstitucional la limitación de los casos indemnizables por prisión preventiva indebida a los que terminaban en absolución ‘por inexistencia del hecho imputado” o los que por esta misma causa, daban lugar a auto de sobreseimiento libre.
El Supremo señala que, como consecuencia de la sentencia del TC, del artículo 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ha desaparecido la mención a que la absolución se haya producido “por inexistencia del hecho imputado o por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre”. Es decir, que dicho artículo, una vez excluidos los incisos declarados inconstitucionales y nulos, pasa a decir: “Tendrán derecho a indemnización quienes, después de haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos o haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, siempre que se le hayan irrogado perjuicios”.
El TS indica que, pese a la advertencia del Constitucional en su sentencia de la falta de automatismo en la indemnización, lo cierto es que el TC ha procedido de hecho a dar una nueva redacción al precepto, que supone que “salvo los supuestos de que no se hayan irrogado perjuicios, lo que es prácticamente imposible de sostener en el caso de haber padecido prisión injusta, en todos los demás supuestos el tiempo de privación de libertad debe ser indemnizado”.
“Esto es -añade la sentencia-, aunque el Tribunal Constitucional difiera a los Tribunales ordinarios la fijación en cada caso de la procedencia de la indemnización, debemos concluir que partiendo de nuestra sujeción a la norma y tomando en cuenta la nueva redacción de la misma, en la que desaparece la mención <>, en todos los supuestos de absolución por cualquier causa o de sobreseimiento libre, el perjudicado tiene derecho a la indemnización”.
En el caso concreto examinado en la sentencia del Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado César Tolosa, se condena a la Administración de Justicia a abonar una indemnización de 3.000 euros a un hombre que estuvo 351 días en prisión provisional por decisión de un Juzgado de Instrucción de Hospitalet de Llobregat tras ser denunciado por un delito de violación y un delito de lesiones. La prisión se decretó el 25 de octubre de 2013, y el hombre fue absuelto el 10 de octubre de 2014 por la Audiencia de Barcelona, que decretó además su libertad provisional.
La citada indemnización por prisión preventiva indebida se suma a los 6.750 euros de indemnización que ya le reconoció la Audiencia Nacional en primera instancia por las dilaciones indebidas en la tramitación de su proceso penal. Es decir, en total percibirá 9.750 euros.
Una vez que su absolución penal fue firme, el hombre presentó una reclamación patrimonial por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia ante el Ministerio de Justicia, que no fue atendida. Contra esa decisión planteó recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en reclamación de una cantidad total de 155.250 euros (140.400 euros por la prisión indebida y 14.850 euros por dilaciones indebidas). La Audiencia Nacional, en su sentencia, desestimó la pretensión del recurrente en relación a la petición de 140.400 euros por haber sufrido "prisión provisional" durante 351 días por considerar que era un caso de absolución por inexistencia subjetiva (absolución por la aplicación del Principio de Presunción de inocencia), no indemnizable.
Sobre la cuantía de la indemnización por prisión indebida, el Supremo recuerda que la Ley señala que se establecerá “en función del tiempo de privación de libertad y de las consecuencias personales y familiares que se hayan producido”. Asimismo, indica que hay que partir de la obligación que corresponde a la parte demandante de acreditar los daños y perjuicios que se alegan causados por la prisión provisional, de forma tal que sobre ella recae la obligación de aportar los datos y circunstancias concurrentes que han de servir para determinar los daños efectivamente causados.
En el presente caso, el TS subraya que la parte se ha limitado a solicitar una indemnización fijando una cantidad global por cada día de privación de libertad, petición que sólo viene apoyada en dos datos, de un lado la edad del demandante (31 años) y de otro, la carencia de antecedentes penales. Consiguientemente ninguna referencia se realiza a circunstancias laborales y familiares del recurrente que pudieran haberse visto afectadas por la prisión, las cuales tampoco se deducen del expediente administrativo y más en concreto de las actuaciones penales.
“Siendo esto así, los elementos a tomar en consideración para fijar la indemnización, quedan reducidos, en el presente caso, al tiempo de duración de la privación de libertad y al carácter más o menos afrentoso del delito imputado, en este caso un delito de violación”, indican los magistrados.
Respecto del primer elemento, se tiene en cuenta que el recurrente, en la sentencia de la Audiencia Nacional, fue indemnizado por dilaciones indebidas con la cantidad de 6.750 euros, cantidad reconocida que se mantiene y que toma en consideración el retardo en la tramitación procesal del asunto, que tuvo como directa consecuencia la mayor duración de la situación de prisión. Esto es, al indemnizarse las dilaciones, uno de los daños a tener en cuenta es la mayor duración de la privación de libertad, circunstancia que, para evitar duplicidades, se tiene en consideración al establecer el "quantum indemnizatorio" en 3.000 euros, a partir de las anteriores consideraciones y a falta de otros elementos acreditativos de mayores daños.

Universidad de Valladolid: Jornada de Derecho Penitenciario


martes, 6 de agosto de 2019

Premio Nacional Victoria Kent 2019

Extracto de la Resolución de 26 de julio de 2019, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se convoca el Premio Nacional Victoria Kent 2019 para el fomento de la investigación multidisciplinar en materia penitenciaria (BOE núm. 186, de 5 de agosto de 2019)



miércoles, 12 de junio de 2019

Estadísticas Penales Anuales del Consejo de Europa


Las Estadísticas Penales Anuales del Consejo de Europa, más conocidas como ESPACIO (Statistiques Pénales Annuelles du Conseil de l’Europe), incluyen dos proyectos relacionados: 
  • SPACE I: proporciona datos sobre el encarcelamiento y las instituciones penales en los Estados miembros del Consejo de Europa.
  • SPACE II: proporciona información sobre sanciones y medidas no privativas de la libertad.


Los datos se recopilan mediante dos cuestionarios enviados cada año a las administraciones penitenciarias y a las autoridades de libertad condicional (u organismos equivalentes de los Ministerios de Justicia).


La recopilación de datos y la validación, que implican una comprobación de cifras en varios niveles, se llevan a cabo en la Universidad de Lausana.


Actualmente, el personal científico que trabaja en proyectos SPACE está compuesto por:
  •     Marcelo F. Aebi, PhD Criminología, Profesor
  •     Melanie M. Tiago, BA y MLaw Criminología
  •     Yuji Z. Hashimoto, Criminología de MLaw
  •     Christine Burkhardt, BA Law, MLaw Criminology



Últimos informes publicados:


martes, 11 de junio de 2019

Universidad de Valladolid: criminología


14/05/2019 a 20/06/2019
Itinerario especializado 4º curso del grado en criminología “sistema penitenciario y ejecución penal”



lunes, 3 de junio de 2019

UVA: Sistema Penitenciario y ejecución penal

La Universidad de Valladolid inicia un nuevo itinerario sobre “Sistema Penitenciario y ejecución penal“ de 4º curso del Grado en Criminología que se va a impartir desde el curso 2019-2020.
Está pensado para los alumnos que habiendo cursado los tres primeros años del grado en criminología quieran realizar el último especializado en materia penitenciaria. No es, por tanto, ningún Curso de Adaptación, ni Curso Puente, sino un último año del Grado pero de manera específica, conducente a obtener el título de Graduado en Criminología.

Más información en http://www.der.uva.es/files/requisitos5.pdf

http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertaformativagrados/2.01.02.01.alfabetica/Grado-en-Criminologia/

lunes, 1 de abril de 2019

Visita a España del CPT en 2016

Informe para el Gobierno español sobre la visita llevada a cabo en España por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) del 27 de septiembre al 10 de octubre de 2016.


Respuesta del Gobierno español al informe


La situación de las prisiones y los centros de menores en España: Analizando las observaciones del CPT

Instituto andaluz interuniversitario de Criminología (Sección Málaga)
Boletín Criminológico 2019

Autoras: Eva Aizpurúa, Mary Rogan (Trinity College Dublin) 

Resumen: El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) se encarga de evaluar el trato que reciben las personas privadas de libertad en los 47 Estados miembros del Consejo de Europa. Para ello, visita lugares de detención, emite informes donde plasma sus conclusiones y solicita respuestas detalladas de los Estados. En este trabajo se realiza un análisis de contenido del informe elaborado por este organismo como resultado de su visita a España (2016) y de la respuesta emitida por las autoridades españolas. En concreto, se describen y agrupan temáticamente las carencias identificadas en los centros penitenciarios de adultos y en los centros de menores y se evalúa el grado de aceptación de las recomendaciones. Finalmente, se discuten los resultados y sus implicaciones. Palabras clave: lugares de detención, mecanismos de control, organismos internacionales, derechos humanos.

jueves, 7 de marzo de 2019

Aragón: Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria


BOE núm. 57, de 7 de marzo de 2019:

Resolución de 12 de febrero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, el Gobierno de Aragón y el Consejo de Colegios de Abogados de Aragón, relativo a la orientación jurídica penitenciaria a las personas que se encuentren internadas en los centros penitenciarios de la Comunidad Autónoma de Aragón 


viernes, 8 de febrero de 2019

Foro para la mediación

Por Orden del Ministerio de Justicia 57/2019, de 22 de enero se ha creado el Foro para la mediación, con la finalidad de institucionalizar la colaboración y de fortalecer el diálogo permanente entre el Ministerio de Justicia y la sociedad civil en materias relacionadas con la mediación.

Sus funciones son:

a) Asesorar al Ministerio de Justicia en el diseño, desarrollo e implantación de mecanismos de mediación en el marco normativo español. 
b) Contribuir a la evaluación y seguimiento en la aplicación de la normativa de mediación. 
c) Efectuar propuestas en materia mediación, a iniciativa propia o a petición de los Departamentos ministeriales que así lo soliciten a la Presidencia del Foro. 
d) Proponer medidas de educación que tengan como objetivo informar, orientar y sensibilizar a la sociedad sobre los valores de la mediación como método idóneo para la resolución de conflictos entre los ciudadanos. 
e) Proponer medidas formativas, que redunden en la calidad de los servicios de mediación. 
f) Impulsar la coordinación entre la iniciativa pública y privada en materia de mediación.  
g) Aprobar, en su caso, su Reglamento interno de funcionamiento. 
h) Potenciar el intercambio y la difusión de buenas prácticas de mediación.

jueves, 24 de enero de 2019

La condición de extranjero en el sistema penitenciario español


Revista de Estudios Penitenciarios

Se ha publicado el núm. 261 de la Revista de Estudios Penitenciarios.

Sumario:

- El crimen de la calle Fuencarral y la reforma penitenciaria, por Abel Téllez Aguilera.

- Reincidencia de los agresores de pareja en Penas y Medidas Alternativas, por Meritxell Pérez Ramírez, Andrea Giménez-Salinas Framis y Manuel de Juan Espinosa.

- El sistema de individualización científica: Estructura básica y principios, por Puerto Solar Calvo y Pedro Lacal Cuenca.


- Los derechos y garantías del artículo 24 de la Constitución Española y su aplicación en el procedimiento disciplinario penitenciario, por Ángel Colmenar Launes.

Enlaces a últimos números de la Revista de Estudios Penitenciarios:

viernes, 21 de diciembre de 2018

Diccionario internacional de justicia juvenil


Este libro define los términos más importantes de la justicia juvenil ordenados de forma alfabética. Su autor batalla una reforma de la Ley del Menor y la necesidad de limitar la privación de libertad a los menores infractores al menor número de casos y por el menor tiempo.
 Libros 
LA LEY

martes, 13 de noviembre de 2018

Validez laboral del título antiguo de Criminología en prisiones y en la policía.Nivel educativo y diferencias

Instituto andaluz interuniversitario de Criminología (Sección Málaga)

Boletín Criminológico núm. 178

Validez laboral del título antiguo de Criminología en prisiones y en la policía.Nivel educativo y diferencias

Acceso al documento

miércoles, 7 de noviembre de 2018

Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Asunto: Otegi Mondragón y otros c. España


ANTECEDENTES:
Los demandantes, los Sres. Arnaldo Otegi Mondragón, Jacinto García, Díez Usabiaga, Zabaleta Tellería y Rodríguez Torres son nacionales españoles nacidos en 1958, 1977, 1956, 1981, y 1979, respectivamente.
El caso atañe a su queja respecto del prejuicio del que habrían sido objeto por parte de los jueces que los condenaron por pertenencia a la organización ETA.
En marzo de 2010, el primer demandante fue condenado por enaltecimiento del terrorismo por un tribunal formado por tres jueces. Recurrió la sentencia alegando que la Jueza, Presidenta del Tribunal, no era imparcial. Le había preguntado durante el proceso si condenaba la violencia de ETA, organización armada separatista vasca, y él se negó a contestar. Entonces ella manifestó que “ya sabía [yo] que no me iba a responder a esta pregunta”.
El Tribunal Supremo anuló la sentencia por falta de imparcialidad de la jueza presidenta del Tribunal. Fue absuelto con posterioridad por otra Sección de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Los cinco demandantes fueron objeto de distintos procedimientos penales que se iniciaron en el 2009, acusados de delitos relacionados con ETA. El caso fue turnado a la primera formación de la misma Sección de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que había condenado anteriormente al Sr. Otegi Mondragón. Este recusó a la Sección poniendo en duda su imparcialidad, pero la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional desestimó la recusación. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional los condenó en 2011. Recurrieron en casación, alegando en particular, dos de los demandantes, que la Sección no era imparcial.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a los demandantes a penas de prisión de distinta extensión en septiembre del 2011. El primer y quinto demandantes recurrieron en casación ante el Tribunal Supremo alegando en particular que la Sección formada por los tres jueces no había sido imparcial.
En mayo de 2012, el Tribunal Supremo estimó parcialmente su recurso mediante decisión reduciendo sus condenas, desestimando, sin embargo, su alegación de parcialidad al considerar que la falta de imparcialidad de la Presidenta en el procedimiento de 2010 con respecto al Sr. Otegi Mondragón no suponía que ella o los demás jueces tuvieran prejuicios en el caso de los cinco demandantes.
Los demandantes recurrieron en amparo ante el Tribunal Constitucional, cuatro de ellos alegaban prejuicio.
Mediante sentencia adoptada por 7 votos a 5, el Tribunal Constitucional desestimó las pretensiones de los demandantes. Mantenía, en particular, que las dudas sobre la imparcialidad de la Jueza que presidió el Tribunal en el primer caso, e integraba la formación judicial en el segundo caso, no estaban ni subjetiva ni objetivamente justificadas. Las anteriores dudas sobre su imparcialidad fueron planteadas en relación con distintas acusaciones –enaltecimiento del terrorismo- mientras que los procedimientos contra los cinco demandantes se habían llevado a cabo alegándose distintos delitos.
Invocando el artículo 6 § 1 (derecho a la tutela judicial efectiva), los demandantes se quejaban de que la Sección que los condenó adoleció de imparcialidad.
La demanda ante el TEDH fue interpuesta el 14 de enero de 2015
VALORACIÓN DEL TEDH:
El TEDH ha establecido un aspecto objetivo y otro subjetivo para evaluar la falta de imparcialidad de un tribunal o un juez. El criterio subjetivo se centra en la convicción o comportamiento personal del juez, mientras que el objetivo se centra en si existen hechos verificables que pudieran plantear dudas sobre la imparcialidad. Estos hechos incluyen los vínculos entre un juez y las personas afectadas en el procedimiento.
En el caso de los cinco demandantes, el TEDH no percibió ningún signo de prejuicio subjetivo y por tanto examinó si existían razones objetivas para sus dudas sobre la imparcialidad.
Apuntó que la conclusión de prejuicio respecto de la Jueza presidenta en el caso contra el primer demandante, había contaminado a toda la Sección y dio lugar a que una distinta formación de jueces le absolviera. Dichas circunstancias plantearon una sospecha legítima en cuanto a la imparcialidad de la primera formación. Sin embargo, los mismos tres jueces integrantes de dicha formación enjuiciaron el caso contra los cinco demandantes.
Seguidamente el TEDH apuntó que a pesar de que las dos formaciones judiciales trataban distintas acusaciones, existía un vínculo común entre ambas que era que las dos estaban tratando asuntos relacionados con ETA. Las observaciones de la Jueza presidenta, aunque no existieran evidencias de ningún prejuicio subjetivo por su parte, en el juicio contra el Sr. Otegi Mondragón podrían, desde el punto de vista objetivo externo, plantear dudas legitimas en las mentes de todos los demandantes.
Al tratar de la influencia que aquella pudiera tener sobre los otros dos jueces en el segundo caso, El TEDH sostiene que el mismo razonamiento que dio lugar a que el juicio del primer demandante se celebrara nuevamente, debe ser aplicado a su caso y de los otros cuatro demandantes.
FALLO DEL TEDH:
En suma, el temor de los demandantes en cuanto a la falta de imparcialidad ha sido objetivamente justificado, por lo que el TEDH declara que se ha producido violación del artículo 6 § 1 del Convenio.
Por seis votos a uno concluye que la declaración de violación constituye por sí misma satisfacción equitativa suficiente con respecto a cualquier daño no económico alegado por el tercer demandante.
Rechaza en lo demás por seis votos a uno la reclamación de satisfacción equitativa del tercer demandante.
Se expresa por parte del juez Keller un voto parcialmente discordante referido a la pertinencia de acordar una satisfacción equitativa adicional.


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