16 de diciembre de 2007
ABC (SEGUNDO SANZ).- Las previsiones no son nada halagüeñas. Mientras la Dirección General de Tráfico (DGT) confía en que con la reciente modificación del Código Penal en materia de Seguridad Vial la justicia española contribuirá a la reducción de la siniestralidad, en cambio, jueces y fiscales se alejan de esta visión optimista.
Desde la asociación Jueces para la Democracia (JpD), su portavoz, Jaime Tapia, considera que «pese a ser la jurisdicción penal la que mejor funciona en España, preocupa principalmente la ejecución de las penas» que se deriven de estos delitos. Según Tapia, aunque el acusado se libre en un primera causa de la cárcel y se le imponga una multa más una pena de trabajo en beneficio de la comunidad, en caso de que éste reincidiera los jueces y fiscales, vaticina, optarán por solicitar prisión «como la medida más cómoda». Para el portavoz de JpD, existen aún aspectos por regular en torno a cómo los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria garantizarán que un individuo cumpla esa pena no privativa de libertad.
Como sostiene José Luis González Armengol, juez decano de Madrid, «la inexistencia aún de un «catálogo» sobre supuestos trabajos para la comunidad en los casos de delitos de tráfico es una asignatura pendiente».
Además, Tapia pone en entredicho que haya recursos y servicios penitenciarios suficientes para administrar las condenas. Subraya que en España «las cárceles ya están llenas». Esta reforma del Código Penal, que llevará más personas a prisión, aparece precisamente justo cuando desde determinados sectores se reclaman condenas menores para los delitos no graves.
En la misma línea, se manifiesta Lorenzo del Río, portavoz de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, quien cree que muchos magistrados se decantarán por imponer prisión «para evitar así los problemas de intendencia» que soportan los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria. Desde su punto de vista, debería primar ante todo la sanción administrativa. Cabe recordar que antes de la reforma, el Código Penal preveía prisión o multa, está última con posibilidad de ir acompañada de un trabajo en beneficio de la comunidad. Sin embargo, con la nueva norma, multa y trabajo van siempre juntos.
LA ACTUACION FISCAL
Por su parte, Guillermo García-Panasco, presidente y portavoz de la Asociación de Fiscales, también reconoce las dificultades que podrían hallarse en la ejecución de penas de trabajos para la comunidad. No obstante, no cree que la petición de prisión por delitos de tráfico vaya a ser el común denominador.
Con la creación de la figura del Fiscal de Sala de Seguridad Vial, puesto que ostenta Bartolomé Vargas, y las de los correspondientes fiscales provinciales encargados de esta materia, García-Panasco considera que el Ministerio Público cubre «de manera suficiente» las causas penales relativas al tráfico. Estos fiscales provinciales sólo desempeñan una labor de coordinación de los criterios de actuación que luego ponen en práctica los fiscales de guardia.
Lógicamente, la capacidad de reacción de la justicia ante estas cuestiones también se verá afectada. Aunque Tráfico ve al sistema judicial capaz de digerir, sobre todo a través de los «juicios rápidos», las 22.000 diligencias anuales que a este ritmo serán abiertas, la carga de trabajo se presenta amenazante para el día a día de los juzgados.
Resulta evidente, sostiene el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Antonio García, que «en tanto que aparecen nuevas figuras penales, el índice de causas crece, lo que acaba provocando una demora a la hora de dar una respuesta aceptable para la ciudadanía». No deber olvidarse que la puesta en marcha del carné por puntos ha colapsado la jurisdicción contencioso-administrativa.
En opinión de algunos expertos, reforzar las dotaciones materiales y personales en los juzgados e incrementar las campañas de concienciación se perfilan como cuestiones a mejorar con urgencia si se quiere combatir desde la justicia la tragedia que se vive en las carreteras. Por ejemplo, existen juzgados de faltas inmediatas que sólo están operativos de lunes a viernes, mientras que durante el fin de semana, días en que la siniestralidad aumenta, permanecen cerrados a cal y canto.
LO PEOR, AUN POR LLEGAR
No obstante, parece que lo peor aún está por llegar. Hasta el próximo 1 de mayo, los individuos que circulen sin carné no serán procesados por la vía penal, siendo el máximo castigo para ellos una sanción económica. Según los datos que maneja la DGT en España hay unos 30.000 conductores potenciales de cometer este delito, aún existente sólo sobre el papel. La mayor parte de éstos son extranjeros y deberán sacarse el carné en los próximos meses. De no ser así, el atasco de causas penales por delitos penales está asegurado.
ABC (SEGUNDO SANZ).- Las previsiones no son nada halagüeñas. Mientras la Dirección General de Tráfico (DGT) confía en que con la reciente modificación del Código Penal en materia de Seguridad Vial la justicia española contribuirá a la reducción de la siniestralidad, en cambio, jueces y fiscales se alejan de esta visión optimista.
Desde la asociación Jueces para la Democracia (JpD), su portavoz, Jaime Tapia, considera que «pese a ser la jurisdicción penal la que mejor funciona en España, preocupa principalmente la ejecución de las penas» que se deriven de estos delitos. Según Tapia, aunque el acusado se libre en un primera causa de la cárcel y se le imponga una multa más una pena de trabajo en beneficio de la comunidad, en caso de que éste reincidiera los jueces y fiscales, vaticina, optarán por solicitar prisión «como la medida más cómoda». Para el portavoz de JpD, existen aún aspectos por regular en torno a cómo los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria garantizarán que un individuo cumpla esa pena no privativa de libertad.
Como sostiene José Luis González Armengol, juez decano de Madrid, «la inexistencia aún de un «catálogo» sobre supuestos trabajos para la comunidad en los casos de delitos de tráfico es una asignatura pendiente».
Además, Tapia pone en entredicho que haya recursos y servicios penitenciarios suficientes para administrar las condenas. Subraya que en España «las cárceles ya están llenas». Esta reforma del Código Penal, que llevará más personas a prisión, aparece precisamente justo cuando desde determinados sectores se reclaman condenas menores para los delitos no graves.
En la misma línea, se manifiesta Lorenzo del Río, portavoz de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, quien cree que muchos magistrados se decantarán por imponer prisión «para evitar así los problemas de intendencia» que soportan los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria. Desde su punto de vista, debería primar ante todo la sanción administrativa. Cabe recordar que antes de la reforma, el Código Penal preveía prisión o multa, está última con posibilidad de ir acompañada de un trabajo en beneficio de la comunidad. Sin embargo, con la nueva norma, multa y trabajo van siempre juntos.
LA ACTUACION FISCAL
Por su parte, Guillermo García-Panasco, presidente y portavoz de la Asociación de Fiscales, también reconoce las dificultades que podrían hallarse en la ejecución de penas de trabajos para la comunidad. No obstante, no cree que la petición de prisión por delitos de tráfico vaya a ser el común denominador.
Con la creación de la figura del Fiscal de Sala de Seguridad Vial, puesto que ostenta Bartolomé Vargas, y las de los correspondientes fiscales provinciales encargados de esta materia, García-Panasco considera que el Ministerio Público cubre «de manera suficiente» las causas penales relativas al tráfico. Estos fiscales provinciales sólo desempeñan una labor de coordinación de los criterios de actuación que luego ponen en práctica los fiscales de guardia.
Lógicamente, la capacidad de reacción de la justicia ante estas cuestiones también se verá afectada. Aunque Tráfico ve al sistema judicial capaz de digerir, sobre todo a través de los «juicios rápidos», las 22.000 diligencias anuales que a este ritmo serán abiertas, la carga de trabajo se presenta amenazante para el día a día de los juzgados.
Resulta evidente, sostiene el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Antonio García, que «en tanto que aparecen nuevas figuras penales, el índice de causas crece, lo que acaba provocando una demora a la hora de dar una respuesta aceptable para la ciudadanía». No deber olvidarse que la puesta en marcha del carné por puntos ha colapsado la jurisdicción contencioso-administrativa.
En opinión de algunos expertos, reforzar las dotaciones materiales y personales en los juzgados e incrementar las campañas de concienciación se perfilan como cuestiones a mejorar con urgencia si se quiere combatir desde la justicia la tragedia que se vive en las carreteras. Por ejemplo, existen juzgados de faltas inmediatas que sólo están operativos de lunes a viernes, mientras que durante el fin de semana, días en que la siniestralidad aumenta, permanecen cerrados a cal y canto.
LO PEOR, AUN POR LLEGAR
No obstante, parece que lo peor aún está por llegar. Hasta el próximo 1 de mayo, los individuos que circulen sin carné no serán procesados por la vía penal, siendo el máximo castigo para ellos una sanción económica. Según los datos que maneja la DGT en España hay unos 30.000 conductores potenciales de cometer este delito, aún existente sólo sobre el papel. La mayor parte de éstos son extranjeros y deberán sacarse el carné en los próximos meses. De no ser así, el atasco de causas penales por delitos penales está asegurado.
