21 de
diciembre de 2016
Comisión
de interior
Comparecencia del señor ministro del Interior (Zoido Álvarez),
para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento
Extracto de la
intervención
“Les marco la siguiente
ruta: la actualización de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Esta ley orgánica,
que data de 1979, fue la primera de las leyes orgánicas que desarrolló la
Constitución y que entonces fue aprobada por un amplísimo consenso, con dos
abstenciones tan solo y el resto de votos a favor. No dejaría de ser un símbolo
de esa seguridad nacional de la concordia llegar a un acuerdo amplio para
actualizar la ley así como para la armonización de las normas que la
desarrollan, el reglamento penitenciario y el extenso cuerpo de instrucciones y
circulares a día de hoy de laborioso conocimiento y difícil manejo por su
extensión y la propia complejidad que tiene. Les pongo un ejemplo: la libertad
condicional. El vigente Código Penal la fija como forma de suspensión de la
pena, cayendo en serias contradicciones con su regulación por parte de la Ley
General Penitenciaria como forma de cumplimiento del último periodo de la
condena. Esta divergencia impide su aplicación de forma homogénea y provoca
desajustes que en última instancia perjudican a todo el sistema en su conjunto.
De igual manera, es preciso regular con rango de ley tanto las infracciones
disciplinarias como las sanciones a imponer a los internos con un reglamento penitenciario
nuevo; el actual data de 1981. Otro objetivo importante debe ser introducir
medidas destinadas a incrementar también la protección de los funcionarios
frente a eventuales agresiones por parte de los internos en línea con la
proposición no de ley avalada por los Grupos Socialista, Ciudadanos y Popular.
Asimismo, se debe dar rango de ley al régimen flexible de cumplimiento, al
control telemático de recursos en tercer grado y un largo catálogo que sería
preciso abordar integrando las opiniones más autorizadas de jueces de
vigilancia, actores penitenciarios, la mejor doctrina y, cómo no, también de la
Generalitat de Catalunya, que tiene competencias ejecutivas en materia
penitenciaria.
También en el ámbito de
Instituciones Penitenciarias se hace imprescindible acordar el comienzo del
proceso de transferencia de la sanidad penitenciaria al Sistema Nacional de
Salud, la cual trae causa de las previsiones tanto de la Ley General de Sanidad
como de la Ley de Calidad y Cohesión del Sistema Sanitario, contemplado ya en
el año 2003. No es otra cosa que una iniciativa destinada a mejorar la calidad
asistencial a las personas que están privadas de libertad que no conllevaría
gasto adicional para el Estado en la medida en que la transferencia de las
competencias iría acompañada de los recursos tanto humanos como financieros que
la administración penitenciaria hoy día destina a financiar esta prestación y
que consideramos que está razonablemente bien dotada; si no fuera suficiente,
sería necesario un acuerdo para que en administraciones públicas se contemplara
una cantidad adicional. Estas medidas y otras más permitirían adecuarse mejor a
lo que la sociedad viene demandando y espera del sistema penitenciario español”.
“Además, y con respecto a
los trabajadores de instituciones penitenciarias, si la pasada legislatura
estuvo protagonizada por el descenso significativo de la población reclusa,
mejorando la calidad, eficacia y eficiencia del servicio público penitenciario
en una situación económica que, a nadie se le oculta, hizo replantearse
inversiones muy costosas, en esta legislatura debemos trabajar en la
introducción de medidas destinadas a incrementar la protección —y antes lo
cité— de los funcionarios frente a eventuales agresiones por parte de los
internos, tales como permitir que declaren en los procedimientos judiciales
identificándose con su carné profesional, como lo hacen otros funcionarios, o
que cuando sean detenidos o cumplan condena lo puedan hacer separados del resto
de detenidos o reclusos o de forma análoga a la protección que se da a otros
miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Serán temas
fundamentales sobre los que estaremos hablando a lo largo de los próximos meses
hasta conseguir acuerdos importantes que permitan una estabilidad en esta
reglamentación”.
